La guerra india de Internet

Este artículo parte de la implicación personal de la autora, Genoveva Galarza, con la India, país en el que ha trabajado durante cinco años en proyectos de índole social y ecológica. Hoy, se dedica a la lucha por la privacidad y los derechos digitales desarrollando IUVIA.

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Durante muchos años me resistí a tener un smartphone. Fue durante el tiempo que pasé viviendo en la India, en 2012, cuando me di cuenta de que era simplemente imposible estar sin uno. Ya en 2013 todo lo que hacía era a través de mi conexión de datos: nada de llamadas, nada de mensajes SMS. Hablaba con mis amigos, con el propietario de mi piso, con mis compañeros de trabajo, pedía mi botella de agua y mi bombona de gas a través de WhatsApp. Compraba comida para llevar, pedía taxis, incluso mi autowallah de confianza me pidió que le contactara a través de esta red social.

Incluso con una conectividad deficiente, sobre todo en zonas rurales, y con una gran cantidad de población en situación de pobreza y necesidad, la India es el segundo mercado digital más grande del mundo, con 560 millones de usuarios de Internet. Hoy por hoy, gracias al 4G, la tasa de penetración de Internet es del 50% de la población, un dato impresionante si tenemos en cuenta que hace solo seis años era de un 18%.

Es evidente que Internet ha permitido que comunidades de la India menos privilegiada (sobre todo de la India rural) puedan encontrar nuevas vías para prosperar: el acceso a la información, la capacidad de comunicarse, mayor facilidad de acceso a sanidad y educación. Habiendo pululado por la esfera del emprendimiento social durante varios años he tenido la suerte de ver proyectos de todo tipo que han usado Internet para empoderar comunidades. Pero llevar Internet a las zonas rurales no es todo solidaridad y filantropía, es una jugada que puede salir muy rentable: estamos hablando de un país con 1 300 millones de habitantes. Hablamos de 400 millones de usuarios de WhatsApp, de 280 millones de perfiles en Facebook.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, hizo de Internet el eje central de su campaña electoral en 2014, con su iniciativa Digital India. Una vez ganadas las elecciones y arropado por las compañías telefónicas, el gobierno hizo mucho por conectar a mil millones de indios, reforzando las infraestructuras, mejorando el ancho de banda a lo largo de todo el país, y poniendo a disposición de la ciudadanía planes de datos a precios irrisorios.

Todo ese esfuerzo parece una pérdida de tiempo cuando es el mismo gobierno el que no ha tardado en cortarle la conexión a la población.

2015 y la neutralidad en la red

2015 fue un año interesante para los derechos digitales en la India. De un día para otro y después de años recibiendo todo lo online como agua de mayo, la gente y los medios empezaron a hablar de un concepto nuevo para la mayoría: la neutralidad en la red.

Años antes, los directores y portavoces de las mayores compañías de telecomunicaciones en la India habían estado insinuando que no amasaban dinero suficiente, mientras que Google y Facebook se estaban enriqueciendo demasiado a costa del mercado indio. Así que, decididas a hacerse con un trozo del pastel, las empresas de telecomunicaciones líderes en la India (como Bharti Airtel, BSNL o Vodafone) empezaron a eliminar la neutralidad en sus redes para así poder hacer negocio a costa de acuerdos con empresas proveedores de servicios. Se favorecería a aquellas plataformas que pagaran por ello a base de ralentizar la conexión para el resto, priorizar cierto tráfico sobre otro o cobrar a los usuarios distintas tarifas y así fomentar el uso de dichas plataformas.

Airtel, por ejemplo, implantó el programa "Google Free Zone" que permitía a los usuarios conectarse a productos de Google sin coste alguno. Airtel también incluyó acceso gratuito tanto a Amazon como a su competidora india Flipkart en su programa de tasa cero "Airtel Zero", favoreciendo a las dos gigantes por encima de otras empresas minoristas. Con la colaboración de Reliance (propiedad del hombre más rico de la India), Facebook intentó implantar en la India su proyecto Internet.Org. Esta iniciativa "sin ánimo de lucro", que ya había sido implantada en 5 países de África y Sudamérica, perseguía conectar a Internet a comunidades subdesarrolladas, dando acceso gratuito a ciertas webs a través de una aplicación especial llamada "Free Basics". Dichas webs estarían preseleccionadas por Facebook, claro.

Todo esto se hizo con la pasividad del Departamento de Telecomunicaciones (DoT) y la Autoridad Regulatoria de Telecomunicaciones de la India (TRAI). La institución declaró que, aunque estas acciones ponían en peligro la neutralidad de la red, no eran ilegales, ya que la India carecía de regulaciones en ese área. La conversación internacional sobre neutralidad y derechos digitales hizo que la TRAI investigara el asunto y lanzara una consulta abierta, aunque escondida en un rincón de su web y con poco tiempo para responder. La campaña viral Save The Internet y una serie de protestas organizadas por comunidades de software libre hicieron el resto: finalmente la institución falló en favor de la neutralidad en la red, considerándola algo imprescindible para un Internet libre y igualitario. Hoy por hoy, la India tiene una de las regulaciones más restrictivas en ese aspecto.

Al rechazo que sufrió Internet.Org en la India, Zucheberg respondió: "No es un Internet igualitario si la mayoría de la gente no puede participar" y se marchó dando un portazo.

El bloqueo de Internet

Nunca pensé que diría esto, pero: Zucheberg tenía razón —excepto por un pequeño detalle: Internet.Org realmente ofrecía más riesgos que garantías. En 2015, tras la victoria lograda por Save The Internet, los activistas de los derechos digitales empezaron a notar que los bloqueos de Internet eran cada vez más frecuentes.

En 2016 la India ya se había convertido en el país con más bloqueos de Internet del mundo. En los tres primeros meses de 2019 ya había habido más apagones que en la totalidad de 2016.

Existen muchas razones detrás de estos bloqueos, aunque ninguna de ellas justifica medios tan desproporcionados. Como costumbre, ante manifestaciones o acciones críticas con el gobierno, las autoridades han corrido a darle al interruptor de apagado. Sin embargo, también ha sido una práctica frecuente el bloqueo de las comunicaciones en los meses previos a procesos electorales, o incluso durante los exámenes de oposición para así evitar trampas.

Pero la situación más sangrante es la de Kashmir.

Una región silenciada

El territorio de Kashmir ha estado sumergido en un constante conflicto político y militar desde la partición de India en 1947. Un poco de contexto: Tanto India como Pakistán reclaman la totalidad de un territorio que ahora mismo está controlado en un 55% por la India, un 30% por Pakistán y un restante 15% por China. La región ha pasado por tres guerras indo-pakistaníes desde la partición británica, dando lugar a una sucesión de protestas y movimientos separatistas. Como consecuencia, la población civil de Kashmir ha soportado más de 70 años de militarización y violación de sus derechos humanos.

El Artículo 370 de la constitución India, aprobado en 1957, concedía al estado de Jammu y Kashmir un estado especial de autonomía. Uno de los autores de la constitución fue Nehru, importante activista por la independencia y la primera persona en ocupar el cargo de primer ministro de la democracia India. Nehru aseguró que el destino de Kashmir lo elegiría su gente a través de un referéndum "celebrado bajo el amparo de instituciones internacionales como las Naciones Unidas". Un referéndum que nunca llegó. En su lugar, en Agosto de 2019 el gobierno indio revocó unilateralmente el Artículo 370 y con él la autonomía del territorio. Las medidas para controlar la oposición fueron demoledoras: el gobierno arrestó a políticos autonómicos, activistas, periodistas y profesorado, mandó a las tropas nacionales al territorio, impuso un toque de queda y cortó las comunicaciones por lineas telefónicas e Internet.

El retrato de la región de Kashmir que, a pesar del bloqueo, ha podido salir a la luz es desolador. Hombres armados con uniformes de las distintas fuerzas de seguridad (la armada India, la policía de Kashmir, los batallones de contrainsurgencia...) rodeando a los manifestantes. Manifestantes sosteniendo carteles que claman por la libertad, que ponen en duda a la "mayor democracia del mundo". Todo esto enmarcado por un rasgo típico del paisaje urbano indio: la enorme maraña de cables de teléfono cubriendo las fachadas. Veo estos cables y me acuerdo de lo que un taxista egipcio me gritaba entre risas mientras yo me intentaba poner un cinturón de seguridad roto: "Decoration!".

En enero de 2020 se levantó parcialmente el bloqueo, permitiendo el acceso controlado a unas 300 páginas web (banca, educación, contenido de entretenimiento, periódicos nacionales e internacionales como The Hindu, el New York Times o el Washington Post). También se restauraron las redes de datos, pero únicamente para ciudadanos identificados y verificados, y solo a través de conexión 2G. Todas las redes sociales han seguido bloqueadas: llevan 11 meses así.

Como de costumbre la justificación para el bloqueo es la seguridad nacional. Según el gobierno el Internet ha de permanecer apagado para evitar la propagación y coordinación de acciones terroristas y para detener la difusión de información inflamatoria. Pero ¿es esto lícito? ¿cómo puede el gobierno someter legalmente a toda la población de Kashmir a casi un año de aislamiento?

Anuradha Bhasin, directora ejecutiva del periódico Kashmir Times, presentó una petición al Tribunal Supremo para levantar el bloqueo. Durante el juicio se planteó la cuestión de si Internet debía entenderse como un derecho fundamental. El Supremo reconoció que, aunque el acceso a Internet no está regulado en la constitución como tal, sí que se puede entender como algo comparable a un derecho fundamental ya que, hoy en día, restringir su acceso significa necesariamente la violación de varios de los derechos fundamentales sí regulados —en concreto los derechos a la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de comercio. Sin embargo, el Tribunal Supremo falló en contra de la petición, permitiendo que el bloqueo continuara. En mayo de 2020 otra petición al Tribunal Supremo solicitaba que se restableciera la conexión 4G y el resultado fue similar. El fallo del tribunal reconocía que la suspensión de comunicaciones durante la pandemia del Covid-19 violaba el derecho a la salud, la educación, la libertad de expresión, el libre comercio y el acceso a la justicia. Y aún así, falló en contra y no se hizo nada. Por último, el Tribunal Supremo delegó toda responsabilidad al respecto a un "Comité Especial", compuesto por aquellos que habían decidido bloquear la región.

Las garras legales de la censura

Siendo un hecho reconocido nacional e internacionalmente que el bloqueo de Internet en Kashmir viola los derechos fundamentales de su población, ¿cómo es posible prolongar una situación tan extrema en un país democrático durante tanto tiempo?. Ante situaciones tan complejas y contradictorias siempre hay alguien que se lanza a repetir jocosamente el popular eslogan que el pais eligió para promocionar el turismo: "Incredible India!". La respuesta es el "Telegraph Act" o Ley de Telégrafos de 1885 —vuelve a leer: ley de telégrafos— que permite al gobierno central o estatal limitar o interferir la transmisión de mensajes. Así es: en pleno año 2020 Internet se encuentra regulado bajo una ley de la época colonial específica para telégrafos.

Existe otra ley más reciente que el gobierno ha usado hasta el desgaste: la odiada sección 66A del "Information Technology Act", que penaliza la publicación de información ofensiva, falsa o amenazadora. A ésta se le añade la sección 69A, que permite al gobierno bloquear ciertas páginas web para proteger la "soberanía e integridad de la India". Para sorpresa de nadie, la sección 66A fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo en 2015 por hallarla demasiado vaga e imprecisa. Y es que bajo dicha sección se estaban permitiendo detenciones arbitrarias de estudiantes y dibujantes que ejercían su derecho a expresarse libremente publicando opiniones críticas y tiras cómicas en sus redes sociales. La Internet Freedom Foundation, una ONG india que nació de la campaña "Save The Internet" por la neutralidad de la red, llama a la sección 66A un zombie legal. La razón es que, aunque esta ley fue invalidada hace 5 años, se sigue utilizando a día de hoy para abrir casos contra internautas que publican opiniones contrarias al gobierno. (1)

Una de las peores consecuencias del bloqueo de las comunicaciones en Kashmir ha sido la desaparición de la libertad de prensa. El periodismo nunca ha sido fácil en Kashmir, pero desde el pasado agosto se ha convertido en una misión imposible. Los periodistas ya no tienen acceso a las herramientas y canales necesarios para verificar la información: no hay Internet, no hay líneas telefónicas, y los toques de queda les impiden moverse libremente por el territorio. A esto se le suma un constante miedo a ser arrestados bajo la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (Unlawful Activities Prevention Act, o UAPA), una represiva ley anti-terrorista que le está viniendo extremadamente bien al gobierno para silenciar a periodistas y fotógrafos.

Es imposible escribir sobre lo que está sucediendo en Kashmir: el gobierno de Narendra Modi ha hecho un excelente trabajo silenciando la región. Poco a poco (y meditadamente) el gobierno ha ido rebajando la intensidad del bloqueo en un momento en el que los medios de comunicación se veían superados por otro problema: la pandemia del Coronavirus. Del bloqueo de Internet en Kashmir nos llegan un montón de historias aisladas, varios nombres propios y una enorme colección de anécdotas sueltas que han salido del territorio dentro de memorias USB o a través del 2G. Tenemos una constelación de relatos de abusos autoritarios, arrestos a periodistas, políticos y activistas, y un enorme daño económico a todos los Kashmiris. Pero no hay conclusiones, no hay números, no hay represalias. Kashmir ha ido de una situación nefasta a otra peor.

Es importante no olvidar que la pandemia del Coronavirus llegó a la India no solo en medio del bloqueo de Internet en Kashmir, sino en medio de una inmensa ola crítica hacia el gobierno y la censura sistemática que ejerce contra aquellos que disienten. En diciembre de 2019 se aprobó la Enmienda a la Ley de Ciudadanía (Citizenship Amendment Act), una ley que permite a inmigrantes ilegales de minorías religiosas obtener la ciudadanía india, excepto a musulmanes (2). Esto dio pie a una enorme ola de protestas que fueron reprimidas a base de brutalidad policial y arrestos indiscriminados de periodistas, políticos, activistas de los derechos humanos y estudiantes.

Covid-19, la guinda del pastel

Cuando empezó la pandemia yo perdí el foco. Mientras una voz de fondo repetía noticias internacionales sobre un único gran problema común, yo era cada vez más consciente de mis alrededores, mis rutinas, las rutinas de mis vecinos. Durante una crisis global yo me volví más local que nunca. El virus entró en nuestra sociedad —española, europea, privilegiada— y nos mostró nuestros puntos débiles a base de pisotear a la gente más desprotegida, dejando a tantas y tantos sin espacio para maniobrar y silenciando voces que ya eran débiles. Tardé tiempo en pararme a pensar en los efectos de la pandemia en sociedades con distintos problemas. Con peores problemas.

"La pandemia es una puerta" es el título que Arundhati Roy, inspiradora escritora y activista, eligió para su artículo para el Financial Times sobre el impacto de la pandemia en la sociedad india. La pandemia es una puerta que comunica un pasado de desigualdades y abusos con un futuro aún incierto. La pandemia es un parón forzado, un momento de pausa y reflexión, un punto en el que hay que elegir cuidadosamente el equipaje con el que se quiere cruzar al otro lado. Arundhati reflexiona: "Mientras el mundo observa horrorizado, la India se revela en su deshonra —su brutal y estructural desigualdad social y económica, su endurecida indiferencia ante el sufrimiento. El confinamiento ha funcionado como un experimento químico que en un instante ha iluminado cosas que estaban ocultas."

En el medio de uno de los conflictos más delicados de Kashmir, en el medio de una de las olas más oscuras de violencia institucional contra los musulmanes desde las revueltas de Gujarat en 2002. En el medio de una creciente tensión militar con China a través la frontera del Himalaya. En el medio del escalofriante crecimiento de la extrema derecha en la política internacional, con Bolsonaro y Trump viajando a India a chocar sus codos con Modi. Justo en el medio de un momento tan doloroso para las clases menos privilegiadas y las minorías en la India, el Coronavirus ha llegado como un perfecto chivo expiatorio para justificar una censura a todos los niveles que crece sin control.

En marzo el Ministerio del Interior explicó que las fake news eran el mayor peligro en la lucha contra la pandemia. No la desinformación, ni la venta de los equipos de protección y los respiradores a otros países, ni el hambre y la pobreza llevando a masas de gente a migrar a pie hacia sus pueblos: las fake news. Así que al gobierno le surgió la necesidad de controlar a la prensa y presentó una petición al Tribunal Supremo para que los medios de comunicación solo pudieran publicar información previamente aprobada por el ejecutivo. Tranquilidad, la petición fue rechazada. Sin embargo, las detenciones de periodistas y activistas por publicar información contraria al gobierno —y tuits, y posts en redes sociales, y fotografías— ha aumentado usando el peligro para la salud pública como una excusa.

VOA ha hecho un informe sobre cómo la libertad de presa se ha resentido internacionalmente durante la pandemia. Es un mapa interactivo: pinchas en China y ves 6 casos de vulneración de dicha libertad, pinchas en Rusia y lees 7. Estados Unidos 8, Irán 5. Y en la India, 19. Actualmente la India ocupa el puesto 142 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa.

No cabe duda de que la diseminación de noticias falsas y el fracaso del gobierno en su intento de controlar lo que se publica ha hecho que se vuelva a extender el bloqueo de Internet en la región de Kashmir. Varias ONGs han advertido que mantener las comunicaciones apagadas en este territorio es extremadamente peligroso dada la situación de emergencia sanitaria, ya que la población no puede acceder a información vital sobre el estado de avance del virus en sus regiones, no puede buscar ayuda, ni puede recibir educación sobre las nuevas medidas de higiene que, de un día para otro, se han convertido en vitales.

La mayor democracia del mundo

A finales de junio de 2020 se prohibió TikTok en la India, al igual que otras 53 aplicaciones chinas, como respuesta al conflicto militar en la frontera con China. Es cierto que TikTok es una aplicación con serios problemas de privacidad, pero el ambiente de celebración y anti-TikTok que se ha vivido en las redes sociales tras la prohibición no tienen tanto que ver con la privacidad, sino con cierto sentimiento patriótico y de clase. Resulta que la aplicación china se había popularizado enormemente entre las comunidades más olvidadas de la India. Tanto, que su contenido ha sido bautizado como "the Indian TikTok Cringe", que se puede traducir por un soberbio y condescendiente "la verguenza ajena India de TikTok". Cringe (en inglés, el sentimiento de rechazo y verguenza ajena) es el término que la India digitalizada de clase alta ha decidido utilizar para calificar el contenido predominante de TikTok, creado por la población semi-urbana, rural y de clase baja que ha copado la aplicación. TikTok ha cumplido el objetivo que Modi diseñó para Internet en su proyecto de Digital India: crear un espacio digital donde las clases marginadas tienen voz y pueden expresarse libremente.

Pero no hacen falta ejemplos para entender los beneficios que Internet puede traer a comunidades subrepresentadas.

Y al mismo tiempo vemos como la conexión a Internet —el acceso, el contenido que circula— es lo primero que cae cuando la población india tiene que lidiar con conflictos políticos u otras crisis, y siente la necesidad de oponerse al gobierno.

He vivido en India cinco años y probablemente "somos la mayor democracia del mundo" es la frase que más he escuchado —quizás después de "en India tratamos a las mujeres como si fueran diosas". Y ya lo se, es difícil presenciar algo más impresionante que un proceso electoral de varios meses diseñado para recoger el voto de 1 300 millones de personas. Pero mientras los pilares democráticos de la India y sus valores constitucionales colapsan (laicismo, igualdad, libertad de expresión, libertad de prensa... ), la frase de la "mayor democracia" deja de ser una chapita para lucir con orgullo. Los esfuerzos de la India de controlar el acceso a Internet así como de controlar el contenido es un paso más hacia perder por completo el sentido de la palabra democracia.

Notas

(1) Cabe mencionar la campaña Zombie Tracker de IFF, creado para recoger y rastrear casos archivados bajo la Sección 66A, declarada inconstitucional: https://twitter.com/internetfreedom/status/1276025885645135873

(2) Un poco de contexto político: Bharatiya Janata Party (BJP) es el partido que ocupa el gobierno central de la India desde las elecciones de 2014. BJP es un partido nacionalista hindú de extrema derecha relacionado en ideología y origen con la organización paramilitar de derechas RSS. La popularidad del movimiento nacionalista hindú (conocido como Hindutva) ha crecido drásticamente durante los últimos 30 años, desde que una larga y complicada disputa por una mezquita construida en un lugar sagrado hindú dio pie a una revuelta violenta nacionalista hindú para destruir la mezquita. El estado de opresión y violencia al que los musulmanes se han visto sometidos a manos de los grupos ultra-nacionalista hindúes ha sido ignorado y tolerado, a veces incluso promovido por los políticos de BJP. Pero nunca había sido formalizado de esta manera, hasta la Enmienda a la Ley de Ciudadanía de 2019.

(3) Las Naciones Unidas han exigido a la India que libere a los protestantes, ya que "parecen haber sido arrestados simplemnte por ejercer su derecho a denunciar y protestar contra la CAA, y sus arrestos parecen claramente dirigidos a mandar un mensaje escalofriante a la sociedad civil india de que ninguna crítica a políticas del gobierno será tolerada". Varias asociaciones indias de periodistas y ONGs han denunciado los arrestos que se están produciendo durante las protestas, así como innumerables casos de brutalidad policial y el embargo y destrucción de sus teléfonos, cámaras, portátiles e incluso vehículos.